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Un testigo dice a la juez que Delegación le pidió que desconvocara una protesta tras el 8-M por razones sanitarias

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11/06/2020 08:19 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El promotor de una manifestación ha confirmado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que la Delegación del Gobierno le llamó días después del 8 de marzo, cuando se celebró la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus para instarle a que desconvocara su concentración por motivos sanitarios.

Así lo ha dicho el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo, que ha comparecido este jueves en calidad de testigo en la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas el 8-M, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio.

Según fuentes presentes en la declaración, todos los ocho testigos que han comparecido esta mañana -cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno y tres promotores de manifestaciones- han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial, que obran en los informes de la Guardia Civil.

El presidente de ASAJA ha explicado que su organización solicitó el pasado 2 de marzo realizar una protesta para reivindicar la mejora la situación del sector agrario a la vivienda del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid), pero que cuatro días después la Delegación del Gobierno le comunicó la denegación del permiso por vulneración al derecho a la intimidad y no por razones sanitarias.

No obstante, ha indicado que ASAJA tenía también planteado realizar una tractorada el 24 de marzo de 2020 entre Extremadura a Madrid para continuar con sus reclamaciones agrarias y que "entre el 12 y el 14 de marzo" sí que recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para que renunciara por motivos sanitarios.

La organización se negó a desconvocar, Metidieri Izquierdo ha señalado que el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, recibió la notificación de que no podía celebrar su manifestación.

En la sesión vespertina han comparecido los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y dos auxiliares administrativas, además del jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ya declaró ante la Guardia Civil que la manifestación del 8M no se debería haber celebrado.

Muhzrram ha reiterado ante la juez que, en su opinión aunque no es virólogo, la protesta no se debería haber producido. También han testificado Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio, de Comisiones Obreras y Antonio García Edwards, de Anonymus for de Voiceless Animal Save.

Tras las declaraciones, el abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, ha enfatizado que la sesión se ha desarrollado con "absoluta normalidad" y los testigos han ratificado las declaraciones que realizaron en su momento.

Vázquez ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa ya que entienden que los "hechos investigados sí son susceptibles de un delito de prevaricación", ya que las competencias de Franco también incluyen el ámbito sanitario.

El abogado también se ha referido a los correos enviados antes del 8M por el departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno recomendando a sus empleados una serie de consejos para evitar contagios. "Los mandó -en referencia al jefe del área- a todos los correos de la Delegación", ha afirmado.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declaró este miércoles ante la juez Rodríguez-Medel y aseguró, a preguntas de la magistrada, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Asimismo, señaló que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo.

El letrado de UO, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha reconocido que todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.


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