Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Euriux Abogados escriba una noticia?

La posible aplicación extensiva de la doctrina jurisprudencial del lucro cesante no compensado

23/12/2014 05:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Análisis de las indemnizaciones por accidentes de tráfico

Con la entrada en vigor de la Ley 30/1.995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en que se introdujo un sistema legal de delimitación cuantitativa del importe de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil con motivo de la circulación de vehículos a motor, tras las iniciales quejas, fundamentalmente de los Jueces que entendían coartada su labor jurisdiccional, se llegó a plantear la inconstitucionalidad del mismo, definitivamente declarado ajustado a nuestra Carta Magna, con la sola excepción de la indemnización por lucro cesante derivado de la incapacidad temporal, mediante la STC 181/2.000, con lo que definitivamente parecía resuelta la controversia relativa a la cuantificación de las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, que pasaron a determinarse de manera objetiva, mediante sencillas operaciones aritméticas, de conformidad con los criterios expuestos en las tablas.

La pacífica cuantificación de todos los perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor mediante la estricta sujeción al baremo actualmente integrado en el R.D.Legislativo 8/2.004, de 29 de octubre, ha sido puesto en entredicho por laSentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 2.010, por mor de la cual se ha “introducido” un nuevo factor corrector, popularmente denominado “lucro cesante no compensado”, en virtud del cual, cuando concurran circunstancias excepcionales, que pueden concretarse en la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido, y que dicho desajuste no resulte compensado por la aplicación de otros factores, particularmente el factor de corrección por incapacidad permanente, en la parte que razonablemente pueda considerarse que comprende una compensación por disminución de ingresos, que la invocada Sentencia, en el concreto supuesto que analiza, fija en un 50% de la cantidad concedida por dicho factor de corrección.

Concurriendo las circunstancias expuestas, el Tribunal Supremo permite elevar las indemnizaciones derivadas de la estricta aplicación del baremo hasta un máximo del 75% de la que al perjudicado le correspondiese por lesiones permanentes (secuelas fisiológicas y estéticas).

Lo que nos interesa a los efectos de este artículo, no es tanto el examen de la “legalidad” de dicho factor en cuanto creación jurisprudencial al margen del tenor literal de la Ley, o su presunta infracción del principio de íntegra restitución que preside nuestro derecho sobre responsabilidad civil, sino su aplicación, por un lado, a supuestos en los que el meritado desajuste de ingresos no resulte tan claro, como sucedería en el caso de víctimas sin actividad laboral reconocida y, por otro, su aplicación a conceptos distintos, como los gastos médicos futuros.

 

Análisis de casos

En el primero de los supuestos reseñados, se nos ocurre, no ya sólo el de los trabajadores en situación de desempleo, o que, encontrándose en edad laboral, jamás han desempeñado una actividad económica remunerada, sino, incluso, aquellas víctimas que no se hallan en edad laboral.

La invocada Sentencia del Tribunal Supremo en cuanto exige probar un grave desajuste entre el factor de corrección por ingresos económicos y el lucro cesante realmente padecido, en buena lógica debería exigir que el lesionado tuviera indefectiblemente que probar que a consecuencia del siniestro, ya en ese concreto instante, derivado de sus ingresos profesionales, va a quedar en una situación económica peor que antes de ocurrido el mismo. Así parece desprenderse de la repetida Sentencia que cuantifica al céntimo la cantidad que percibía antes del accidente, lo que va a cobrar después en concepto de pensión y en qué medida la diferencia resulta resarcida por la aplicación del factor de corrección por perjuicios económicos y por el 50% de la indemnización reconocida por incapacidad permanente.

Esta conclusión, a mi entender, evidente para evitar que se indemnicen lo que no dejan de ser sino “sueños de ganancias”, no resulta en absoluto pacífica, no faltando quién defiende que la determinación real del beneficio cesante con vistas a apreciar la existencia o no de un grave desajuste entre su cuantía y el importe que resulta del factor de corrección por perjuicios económicos e incapacidad permanente, no se liga exclusivamente al lesionado que acredite su efectiva pérdida de ingresos, sino que se extiende también a los supuestos de pérdida de capacidad de ganancia, tanto en los casos en que, por cualquier razón, el lesionado no obtuviera rendimientos económicos de trabajo alguno, como en el caso de que no pudiera obtenerlos por no haber accedido todavía al mercado laboral, cuyo acceso le queda total o parcialmente vedado en función de sus impedimentos.

Esta posición, que algunos consideran avalada por la STS 321/2.010, de 31 de mayo(Pte. Excmo. Sr. Seijas Quintana), no lo puedo compartir, no sólo porque considero que se debe acreditar un perjuicio económico real al momento del accidente, para su posterior proyección futura, sino, particularmente respecto de los que, por edad, no han tenido acceso al mercado laboral, si no tienen derecho a percibir el factor de corrección por perjuicios económicos,  ¿cómo van a tenerlo para percibir este nuevo factor de corrección cuya finalidad es completar el anterior?

Mucho más dudoso es su aplicación a quienes en edad laboral no perciben ingreso alguno, pues objetivamente, al margen de su situación personal, que nunca será suficientemente resarcida, desde el punto de vista exclusivamente económico quedaría en mejor situación que antes del siniestro, tanto por la indemnización que le corresponda de la estricta aplicación del baremo, como por la pensión (contributiva o no) que le pueda ser reconocida. En definitiva, antes no tenía ingresos y, ahora, en mayor o menor medida, los va a tener.

En cuanto a la forma de determinar el desajuste económico supuestamente provocado en estos casos, exigiendo la Jurisprudencia para su prueba (SSTS de 29 de marzo y 31 de marzo de 2.010) un informe pericial actuarial, ante la carencia de ingresos solo se nos ocurren dos modos de calcular lo que hubiese ganado de haber estado trabajando y sería si hubiera realizado, en algún momento anterior al accidente, una actividad remunerada, se tomaría el salario de la categoría profesional que hubiese tenido en el convenio vigente a la fecha del siniestro, capitalizándolo hasta el momento de su jubilación.

Por lo que respecta a los que nunca han trabajado, o no se encuentren siquiera en edad laboral, el lucro cesante futuro se determinaría capitalizando el salario mínimo interprofesional.

En cualquier caso, en mi opinión, cualquier opción que no sea calcular dicho lucro cesante en base a ingresos reales, supondría ir en contra del criterio tradicionalmente mantenido por el Tribunal Supremo, que ha sido especialmente riguroso en cuanto a su determinación.

 

En relación con la extensión de la teoría expuesta a otros conceptos indemnizatorios, el más llamativo serían los gastos de asistencia médica futuros no compensados, especialmente significativos en el caso de grandes inválidos, que requerirán de por vida fisioterapia de mantenimiento, tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, así como el suministro y reposición periódica y permanente de material fungible de adaptación a la minusvalía (camas y somieres motorizados, colchones antiescaras, sillas de ruedas adaptables a los adelantos tecnológicos, etc), cuya prueba, al igual que con el lucro cesante, se efectúa mediante un informe actuarial acreditativo de los gastos de esta índole que el lesionado teóricamente tendrá a lo largo de su esperanza de vida.

Más sobre

Esta pretensión, a salvo de las genéricas invocaciones del principio de la restitutio in integrum, plasmada específicamente para los accidentes de tráfico en el apartado 1-7 del anexo del R.D.Legislativo 8/2.004, tiene difícil encaje legal, especialmente tras la nueva redacción del nº 6 del apartado 1º del anexo del referido R.D.Legislativo, dada por la Ley 21/2.007, de 11 de julio, que modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que establece:

“Además de la indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada”.

A partir de dicha modificación legal, según sienta la STS, Sala 1ª, de 8 de junio de 2.011, solo podrán incluirse los gastos devengados hasta el momento de la sanación o consolidación de secuelas, concretamente dicha Sentencia establece:

“La STS de 22 de noviembre de 2.010, dictada en un supuesto como el de autos, en el que la AP había descartado la posibilidad de indemnizar los gastos futuros –si bien entonces, por entender, que como venía siendo tradicional en la doctrina menor, que fuera de los supuestos de acreditación de culpa relevante del conductor, en relación a los conceptos incluidos en el apartado B/ de la Tabla V del Anexo (afectada por la declaración de inconstitucionalidad) no cabía indemnizar la totalidad del daño acreditado- se pronunció a favor de la posibilidad de que la indemnización por los gastos de asistencia médica y hospitalaria a que se refiere el apartado 1º-6 del anexo de la LRC y SCVM, según redacción vigente en el momento del accidente, anterior a la reforma introducida en el año 2.007, comprendiera la totalidad de los devengados, con origen causal en el siniestro, fueran anteriores o posteriores a la consolidación de las secuelas”.

Señala la citada Sentencia que, sin necesidad de acudir a la doctrina sobre el lucro cesante (sentada por el Pleno de esta Sala en STS de 25 de marzo de 2.010) existen razones que apoya la estimación de las pretensión de resarcimiento de los referidos gastos, “al margen del momento en que el perjudicado deba satisfacerlos, y por tanto, aún cuando se trate de gastos que hayan de abonarse después de alcanzarse la sanidad, una vez que no se ha puesto en duda lo esencial: su nexo causal con el siniestro”.

En particular, la Sentencia considera determinante el tenor literal de la regla sexta del apartado Primero del Anexo, en la redacción vigente a fecha en que sucedieron los hechos [pues ya se dijo que, a partir de las mencionadas Sentencias del Pleno de esta Sala de 17 de abril de 2.004(RC número 2598/2.002 y núm. 2908/2.001)], la fecha del siniestro determina el régimen legal aplicable…, según el cual, los gastos de asistencia médica y hospitalaria se han de satisfacer en todo caso, y con independencia, además, de la indemnización que con arreglo a las tablas proceda conceder por el resto de conceptos objeto de indemnización (muerte, lesiones permanentes determinantes o no de invalidez e incapacidades temporales, regla 5ª del mismo apartado Primero), siendo también relevante que la regla 7ª, señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud… Según la citada Sentencia,  “este marco normativo ampara la posibilidad de indemnizar como perjuicio patrimonial los gastos sanitarios que traigan causa del accidente, entendido en sentido amplio, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido”, y sin limitación temporal alguna hasta la reforma introducida por la Ley 21/2.007 de 11 de julio (a partir de entonces, sólo los gastos ya devengados en el momento de la “sanación o consolidación de secuelas”).

En la misma línea podemos invocar la SAP de Madrid, Sección 14ª, de 7 de abril de 2.010, Recurso 5/2.010; SAP de Asturias, Sección 7ª, de 3 de julio de 2.009; o la SAP de Murcia, Sección 4ª, de 17 de enero de 2.013.

Pues bien, pese a la claridad de la vigente redacción del nº 6 del apartado 1 del anexo del R.D.Leg. 8/2.004, cuya interpretación, en mi opinión, no deja lugar a la duda, en la práctica no viene siendo así, permitiendo el pago gastos médicos con posterioridad al momento de estabilización lesional, de lo que constituye buena prueba la SAP de Jaén, Sección 2ª, de 22 de marzo de 2.011 o la SAP de Barcelona de 2 de abril de 2.009.

Los partidarios de esta postura esgrimen, además del principio de íntegra restitución que alumbra nuestro derecho en materia de responsabilidad civil, el criterio manifestado por el TS en su Sentencia de 22 de noviembre de 2.010, que admitió en virtud de informe de actuario, abonar los gastos médicos futuros, olvidando que dicha Sentencia va referida a un accidente ocurrido en el año 2.000, por ende anterior a la modificación legal reseñada.

No obstante opinar que atenta a la seguridad jurídica el reconocimiento de gastos médicos futuros en base a prospecciones que parten de la esperanza de vida media en España, sin atender a la propia del lesionado, pues no podemos olvidar que las lesiones más graves y que más gastos médicos generan, por lo general, conllevan un acortamiento de las expectativas de vida, mucho nos tenemos que hacía esta orientación irá encaminada la reforma que se prevé del baremo, por ser este el criterio de una de las voces más reconocidas en la materia, la del magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos, quién en la ponencia presentada en el Congreso de Responsabilidad Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, de enero de 2.012, sostuvo respecto de los gastos médicos futuros su no sujeción a ningún factor limitativo, debiendo garantizarse su total reparación.

Finalmente, que pueda generalizarse este criterio podría redundar en una mayor conflictividad judicial, perjudicando las transacciones, pues salvo que se limite a la concurrencia de circunstancias excepcionales, esto es solo en los supuestos de lesiones de especial gravedad, nada impediría proyectarlo sobre lesiones tan frecuentes como el esguince cervical, cuyas secuelas bien pudieran precisar tratamiento rehabilitador durante largos períodos de tiempo posteriores a la estabilización lesional.

 

ENRIQUE ÁVILA JURADO | Euriux Abogados Ciudad Real


Sobre esta noticia

Autor:
Euriux Abogados (18 noticias)
Visitas:
1892
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.